Hace tiempo que con recursos personales se dedica a combatir las fake news pero frente a una relación de fuerzas asimétrica, es fundamental el apoyo del Estado Nacional argentino para regular, tanto el contenido y veracidad de la inmensa cantidad de informacion que circula y que en algunas ocasiones han lesionado, como también han fortalecido a la democracia argentina.
En este sentido y con el objetivo de preservar el valor de la verdad en las noticias difundidas por los medios de difusión , de reconocer la dimensión social del derecho a la libertad de pensamiento y expresión del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, de garantizar el Derecho a la información adecuada y veraz consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional y denunciar los discursos de odio, se establece:
1) La creación de un Consejo integrado por profesionales de distintas áreas, que analizará objetivamente las datos difundidos y los contrastará con fuentes oficiales, datos científicos e investigaciones universitarias para conocer la veracidad de la información.
2) Una vez verificada e identificada una noticia como falsa se la informa al medio de difusión para que por los mismos dispositivos utilizados para instalar la mentira, se informe que era una fake news. Si es visual o radial, con la misma cantidad de tiempo y horario. Si es escrito, en la misma posición y tamaño. Además, deberán dedicar el mismo tiempo y espacio que usaron para difundirla para informar sobre qué es una fake news, cuál es su sentido y qué hay detrás de ellas.
3) El tiempo que dispondrán los responsables de la divulgación de las mentiras para aclarar el tratamiento falso de un tema en particular será de 24 horas. Pasado el mismo, se iniciarán acciones penales.
4) En caso de reincidir en la difusión de noticias falsas y que ya no se trate de un error involuntario o falta de chequeo (false news), se aplicará un esquema de sanciones que va desde la quita progresiva y automático de la pauta oficial.
5) Las multas económicas serán proporcionales a los ingresos del medio (publicidad, ventas, suscripciones). El dinero recaudado será para financiar las campañas por parte del Estado destinadas a capacitar a la ciudadanía para combatir las fake news.
6) Las multas recaerán tanto sobre el medio, los periodistas, los productores y los influencers que la viralicen en redes sociales.
7) De esta lógica no se escapan las llamadas “editoriales o discursos de odio” porque los discursos de odio no son opiniones.
Así es que a través de estos siete puntos enumerados y desarrollados por el docente, que seguramente traerán polémicas, entiéndase que serán muy probablemente hacia adentro de los dominantes monopolios comunicacionales, puntualmente sobre los que marcan la agenda y nutren la opinión publica, colonizando así la subjetividad de la masa.
Para ello puso a disposición en la plataforma Change.org para apoyar esta petición así lograr la cantidad de firmas necesarias e impulsar este proyecto para que obtenga estado parlamentario:
Concluye su nota con esta frase: Tu libertad de expresión tiene sus límites, estos limites comienzan cuando se propaga odio, empiezan cuando la dignidad de otra persona es violada.